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Miércoles 21 de Noviembre, 2018
Temas en debate

Sobra gente, según parece

El decreto 632/18 huele a sana austeridad. La norma recorta beneficios a funcionarios, pone a régimen el uso de la flota oficial automotriz y, entre otras, limita los pasajes en clase ejecutiva, con salvedades, a funcionarios con rango de ministro o superior. Pero hay más: anuncia el despido de cerca de 6.000 trabajadores estatales precarizados.

ImagenSe recortan privilegios.Y personas.
La norma prohíbe las bonificaciones, premios, incentivos y suplementos que percibe el personal del sector público hasta el 31 de diciembre de 2019 y exige que los organismos remitan un informe al ministerio de Modernización respecto a las sumas que se abonan en concepto de servicios extraordinarios (gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos) los que deberán sufrir recortes de, cuanto menos, un 30%.

Por otra parte, el decreto establece que, con la aprobación previa de Jefatura de Gabinete, sólo los ministros o autoridades con un rango superior podrán utilizar pasajes de clase ejecutiva y que, en el caso de los secretarios, sólo podrán hacer uso de la apetecida clase ejecutiva si el viaje dura más de ocho horas.

Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá efectuar un relevamiento de vehículos de uso oficial "a los efectos de posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad" y se suspende la adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso. Hasta aquí la norma quizás merezca aplausos, aunque el ajuste huela a poco para las enormes tijeras del FMI y la sociedad argentina del llano lo visualice como un juego de figuritas dentro del poder.

Pero cuando los principales indicadores económicos están en rojo, la economía ha entrado en una fase de estanflación, el desgarro del tejido productivo es indisimulable y las economías regionales se desintegran, la desocupación, ya alta, sufrirá un nuevo estirón mediante el decreto 632/18 por el que se anuncia el despido de alrededor de 6.000 trabajadores estatales precarizados a partir del primer día del mes de enero de 2019 La medida se inscribe en el ajuste del Estado y, para lograrlo, pasarán a revistar como desocupados los empleados que actualmente están contratados a través de universidades mediante la modalidad de Asistencia Técnica y que, en su mayoría, se desempeñan en los ministerios de Salud y Desarrollo Social.

Presentado como un “stop” a contrataciones nuevas en el poder ejecutivo (aunque habrá excepciones) el decreto responde a la necesidad de recortar el gasto público reclamado por el FMI para achicar el déficit fiscal.

Del decreto de marras quedan exceptuados la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad., así como los nombramientos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.

No obstante y si la lectura efectuada por expertos en la materia es la correcta, puede suponerse que la norma dibuja la puerta de salida de un primer contingente de nuevos desocupados a la vez que, al cuestionar la estructura de todos los organismos descentralizados, deja abierta la posibilidad de un nuevo drenaje de personal en aras de alcanzar un supuesto equilibrio presupuestario.


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