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Sectores económicos

Una visión sobre el sistema financiero

El diputado nacional y presidente del Banco Credicoop Coop. Ltdo., Carlos Heller, en respuesta a la convocatoria de Informe Industrial, expresa en esta nota que en los últimos 12 años se han implementado medidas regulatorias eficientes que han mejorado el funcionamiento del sistema financiero y que deberían profundizarse aún más. “Se creció mucho, pero aún falta mucho más en términos de inclusión financiera, en el diseño de instrumentos aptos, tanto para los inversores como para los tomadores de crédito, que por otra parte deben ser accesibles en términos de funcionalidad y de costos”.

ImagenCarlos Heller
El sistema financiero argentino ha venido desarrollándose todos estos años con gran fuerza, creciendo significativamente en operatorias, incrementando la cantidad de usuarios de los servicios financieros, y manteniendo niveles de solvencia y eficacia muy elevados.

Las distintas limitaciones impuestas por los centros financieros internacionales a diversos flujos financieros, desde y hacia el país, derivadas del descontento de muchos actores internacionales por la exitosa renegociación de la deuda externa (hoy en tensión por los juicios y presiones de los fondos buitre), determinaron que la crisis internacional tuviera un impacto financiero acotado en nuestro país. Los efectos pueden considerarse prácticamente nulos respecto de la liquidez y solvencia del sistema financiero. Quizá el impacto más importante haya sido la presión para la remisión de ganancias por parte de los bancos de capital extranjero que operan en la Argentina, cuestión que ha sido abordada a partir de las diversas medidas regulatorias adoptadas por el Banco Central (BCRA), como la exigencia de una mayor integración de capital a las entidades.

Esta introducción da un marco adecuado para poder ir avanzando en la exposición de mi opinión sobre las políticas futuras que deberían seguirse en el terreno financiero. Yo creo que en los últimos doce años se han implementado medidas regulatorias eficientes, que han ido mejorando el funcionamiento del sistema financiero, y por lo tanto dichas políticas deberían profundizarse aún más. Como expresé, se creció mucho, pero aún falta mucho más en términos de inclusión financiera, llegando a usuarios y localidades que actualmente no están provistos con servicios financieros, incluso los más básicos. También falta avanzar mucho más en el diseño de instrumentos financieros aptos, tanto para los inversores como para los tomadores de crédito, y que sean accesibles en términos de funcionalidad y de costos.

Un hito en este proceso ha sido la modificación en 2012 de la Carta Orgánica (C.O.) del BCRA, que lo instruye a promover, además de la estabilidad monetaria (meta exclusiva de la anterior C.O. forjada en los noventa al calor del Consenso de Washington), “el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, objetivo que debe ser logrado “en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional”.

De esta forma, se establece una comunión de intereses entre el BCRA, su objeto de regulación (el sistema financiero) y las políticas diseñadas por los representantes del gobierno electo por la mayoría de los ciudadanos. Se evita de esa forma un Banco Central orientado por los lobbies bancarios y financieros, desligado de los intereses de las mayorías y que nos ha llevado a situaciones lesivas como fue el caso de la convertibilidad, su debacle y posteriores consecuencias como el corralito y el corralón. Una experiencia que aún se encuentra presente en la mente de los argentinos y que desgraciadamente está vigente en la actualidad, a partir de la aguda y prolongada crisis que atraviesa Grecia.

No es menor detallar estas cuestiones, puesto que muchos políticos y candidatos, y los mediáticos economistas que hacen las veces de sus asesores, han prometido derogar la citada modificación de la Carta Orgánica.

También ha sido importante la aplicación de las nuevas facultades otorgadas al BCRA, y en este sentido cabe mencionar en forma destacada la instrumentación de la línea de crédito para la inversión productiva, orientada hacia las MiPyMES, las tasas mínimas para los plazos fijos inferiores a 350.000 pesos, las tasas máximas para préstamos personales y prendarios a personas físicas, y la regulación de las comisiones que cobran las entidades financieras.

A pesar de todos estos avances, un tema a reflexionar es que todas estas competencias son facultativas de la Autoridad Monetaria, es decir, las aplica si así lo establece su directorio.

Ello es un punto débil de la reforma de 2012, que debiera contemplarse si se pretende garantizar la vigencia de políticas financieras que favorecen al conjunto de la población.

Juzgo que un paso importante en este aspecto sería la derogación de la actual ley de entidades financieras, y su reemplazo por una nueva legislación que establezca la obligatoriedad de determinadas acciones regulatorias sobre el nivel de tasas, o sobre la dirección del crédito. Es por ello que como diputado, y con el apoyo principal del movimiento cooperativo (y el millón de firmas de adhesión recibidas lo refuerza), presenté un proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. A modo de síntesis, allí se estipulan ciertas obligaciones de orientación del crédito y tasas activas máximas, así como un listado taxativo de operaciones para el funcionamiento de los bancos comerciales, y mayores regulaciones a las entidades de capital extranjero.

Creo que debe continuarse con la implementación de estrictos controles a los movimientos financieros y a las entidades financieras, para que se cumplan con las normativas vigentes, y se reduzca al mayor nivel posible de ilícitos financieros y cambiarios que tienen como fin último el lavado de dinero.

En este aspecto cabe mencionar el accionar conjunto de diversos organismos de control, como el BCRA, la CNV, la AFIP y la Procelac, entre otros. Esta labor de inteligencia conjunta debe proseguir y fortalecerse, y habría que pensar en el diseño de una legislación que la contenga.

Otro hito importante en estos años ha sido la reestructuración de la deuda pública, y el objetivo de desendeudamiento perseguido por el gobierno. Ello ha llevado a reducir significativamente la deuda externa, lo cual otorga autonomía a las autoridades y fortaleza a la economía en su conjunto, y en particular al sistema financiero. Nuevamente, este tema nos lleva a las promesas pre electorales de muchos candidatos que han propuesto como una de las principales herramientas de crecimiento el endeudamiento externo. Para lograr este objetivo proponen acordar con los fondos buitre y pagar en las condiciones que éstos proponen, lo que incrementaría significativamente los niveles de deuda y llevaría a la vulnerabilidad financiera externa.

Mi elección de políticas hacia el futuro va en la línea de las aplicadas hasta el momento, es decir, pagar a los acreedores en condiciones justas, legales, equitativas y sostenibles, y ello indica ofrecer las condiciones de los canjes 2005 y 2010, que generarían, en muchos de estos fondos, ganancias cercanas al 300% de su inversión.

Las políticas financieras no pueden desvincularse de las cambiarias, y en este aspecto levanto la propuesta que ha hecho históricamente el movimiento cooperativo nucleado en torno al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC): las divisas son bienes públicos, y por lo tanto deben ser reguladas por el Estado.

Se ha avanzado en la regulación de las transacciones con divisas -ignominiosamente llamado cepo por los adalides de la extrema libertad económica-, y el próximo gobierno es una gran oportunidad para avanzar en lo mucho que hay por mejorar y profundizar en este tema.

Otra cuestión esencial es reformar la Ley de Inversiones Extranjeras que, al igual que la de Entidades Financieras, data de la última dictadura militar.

Dicha norma le otorga libertad plena a los capitales extranjeros, tal como ocurre y los tratados bilaterales de inversión de los noventa, que deben ser denunciados cuanto antes debido a sus lesivas cláusulas de ultractividad, al igual que debe revisarse la salida del CIADI.

Estas propuestas realizadas a mano alzada, pero enraizadas en una profunda convicción de cuáles son las principales cambios que requiere el funcionamiento económico en nuestro país, son parte de un concepto más amplio, que indica que en el próximo gobierno se dirimirán los dos modelos en disputa: la profundización del actual proyecto iniciado en 2003, o el modelo del ajuste y de vuelta a los condicionamientos del FMI.


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